En los últimos tiempos asistimos a un intencionado lavado de imagen de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, sobre todo a través de los medios de comunicación de masas. Instituciones como la Policía Nacional y la Guardia Civil u otras a nivel autonómico, como los Mossos d’Esquadra o la Ertzaintza, supuestamente se encargan de velar por la seguridad de la ciudadanía, manteniendo el orden y garantizando el cumplimiento de las leyes. Sin embargo, los montajes policiales, respaldados por la justicia y los gobiernos de turno, existen y se dirigen contra la gente que decide rebelarse y luchar contra las injusticias y los fallos del sistema.
El tiempo no puede volver atrás, lo que hemos vivido
no puede ser olvidado, recuerda esto, le oí a un anciano
contar a su nieto frente al mural espontáneo
de Alexandros en el lugar del asesinato.
Recuerda que es siempre la autoridad quien mata a la
gente, es siempre el poderoso quien mata al débil.
Atenas, 13/12/08.
Del libro ¡Maderos, cerdos, asesinos!
sobre la muerte del joven anarquista Alexandros
Grigoropoulos a manos de la policía griega.
¿Qué puede mover a una persona a convertirse en policía? Es una pregunta que me he planteado en innumerables ocasiones, y que también traslado a otras personas, de mi entorno o no. Algunas responden lo más obvio: «Evidentemente la tranquilidad de tener un empleo seguro, un sueldo fijo como funcionarios del Estado». Otras se lo piensan un poco más: «Bueno, quizás hay quien necesita ejercer algún tipo de poder o autoridad sobre el resto de mortales, quizás porque detrás de todo eso la única razón de peso es que sean personas inseguras y acomplejadas». En cualquier caso, es comprobable que la ignorancia tiene un importante peso en este tipo de decisiones. Precisamente, la ingenuidad nos hace cómplices, aun sin nosotros y nosotras pretenderlo.
Hay una ilustración por ahí, compartida hasta la infinidad en numerosos foros y redes sociales que resume bastante bien el origen de la supuesta «necesidad» de tener policías. Un pez enorme persigue a los más pequeños, haciéndoles la vida imposible e intentando, en el peor de los casos, comérselos. Los peces pequeños, hartos de huir constantemente y de perder compañeros por el camino, deciden organizarse contra el pez gordo. Le plantan cara todos a una y consiguen su objetivo de mantenerlo a raya. Pero el pez gordo es un pez avaricioso y poderoso, por eso puede comprar la voluntad de otros peces igual de pequeños, pero menos concienciados que los que andan organizándose en su contra. Les paga un sueldo para que a cambio le protejan. A partir de ahí, el pez poderoso puede actuar con total libertad e impunidad contra los más pequeños. Por su parte, los débiles y pobres ahora tienen dos problemas a los que enfrentarse. El primero es defenderse de sus iguales pagados por el pez enorme, que además cuentan con armas y material antidisturbios para realizar la función por la que su jefe les paga. Persiguen, vigilan, castigan, golpean e incluso apartan del grupo de los peces organizados a los más rebeldes o «conflictivos » para desestabilizarlos y poder controlarles mejor. El segundo problema al que se enfrentan los peces menores es al hecho de que ahora tienen que intentar sobrevivir a las fechorías del pez gordo con casi todo en contra. Básicamente, esto es lo que ocurre en nuestro actual sistema. La «necesidad» de policías viene dada por la realidad de que existe una élite con privilegios que no está dispuesta a renunciar a ellos, y como el dinero no es ningún problema, compra a otros para que a cambio de una «estabilidad » o «tranquilidad» económica y social velen por la de los primeros. De esta forma, políticos, banqueros, grandes empresarios, aristócratas e instituciones del Estado español, como la Monarquía o la Iglesia Católica, continúan siendo intocables.
A pesar de lo que muchas personas puedan argumentar, vivimos sin duda en un sistema represivo que pasa desapercibido. El Estado ejerce su poder sobre las personas gracias a un mecanismo de blindaje institucional que le permite perpetuarse. Sus leyes y normas son de obligado cumplimiento, y cuando alguien las desafía inmediatamente es llamado al orden.
Y en este sistema de represión asistimos, en los últimos tiempos, a un «lavado de imagen» intencionado de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. A través de los medios informativos, a través de las redes sociales –herramientas de comunicación muy potentes que no están exentas de control y vigilancia- y por supuesto desde iniciativas comunicativas políticas, puestas en marcha por el gobierno de turno y con el dinero de todas las personas contribuyentes –como campañas estatales y mensajes institucionales concretos- justifican lo que a su entender es la imprescindible labor que estos funcionarios y funcionarias del Estado realizan en nuestra sociedad. Quizás parezca que esta tendencia es más notable en los últimos años, pero la realidad es que siempre se ha trabajado en ello, siempre se ha hecho todo lo posible para ocultar el verdadero rostro de los cuerpos represivos del Estado. Y en esta tarea han jugado un papel muy importante algunos medios de comunicación, que evidentemente han sabido responder y estar a la altura de quienes les pagan y no a la de quienes en teoría sirven, que es al conjunto de la sociedad.
Estas instituciones represivas son presentadas en estos medios como colaboradores y necesarias para el mantenimiento del orden y la seguridad. Precisamente, con la excusa de la «seguridad», en los últimos años nos han impuesto una serie de leyes mordazas con la que se han perseguido entre otros el libre ejercicio de la libertad de expresión u opinión, de la libertad de información, de reunión o participación, etc. Esta reforma legislativa, curiosamente, coincidía en un momento de nuestra historia reciente en el que la población estaba siendo sometida a una serie de recortes sociales y estaba experimentando un importante retroceso en sus libertades y derechos laborales. Las protestas ciudadanas contra estos recortes gozaron de un espacio de tiempo en el que fueron muy intensas. Organizaciones civiles como la PAH, por citar un ejemplo, plantaron cara al sistema, desafiando al Estado y a su brazo armado a las puertas del hogar de cada familia a la que iban a desahuciar. Las leyes mordazas han servido y siguen sirviendo -puesto que todavía no se han derogado-, para hacer más fácil el trabajo de los agentes de policía en su labor de reprimir protestas civiles contra el abuso y las injusticias de la élite política y económica. El Estado, además, al tener el monopolio del uso legítimo de la fuerza a través de sus cuerpos represivos y de control, otorga una mayor credibilidad a la versión de cualquiera de estos funcionarios. Por eso la palabra o la versión de un policía pesará más que la de cualquier otra persona ante las instituciones «democráticas». Por eso los montajes policiales existen y por eso el 95% de los mismos quedan impunes.
Medios al servicio de quienes nos reprimen
Hace casi un año, en marzo de 2018, un mantero fallecía en pleno centro madrileño tras haber corrido durante minutos eternos delante de la Policía Local de Manuela Carmena. El esfuerzo que realizó para huir de los agentes locales, quienes le persiguieron en moto desde Gran Vía hasta Lavapiés, le produjo un paro cardíaco irreversible. Mame Mbaye tenía 35 años y desde hacía diez intentaba sobrevivir en Madrid como podía. Al igual que otras muchas personas compatriotas suyas, había llegado a Europa a través del Mediterráneo, huyendo de la miseria. Su muerte tuvo un gran impacto social los días posteriores a los hechos que la ocasionaron. Se llevaron a cabo importantes protestas en el barrio de Lavapiés, también concentraciones y manifestaciones exigiendo justicia para Mame. Los medios de comunicación alternativos contaron su historia, dieron voz a sus colegas del Sindicato de Manteros de Madrid y lograron poner sobre la mesa el debate sobre las políticas migratorias del Estado español. Pero sobre todo, la labor periodística de estos medios lograron unidad entre sectores sociales antifascistas y antirracistas que en sus comunicados, llenos de rabia por la muerte de Mame, plantearon hasta qué punto podía la exigencia de cumplimiento de una normativa estar por encima de la vida de una persona, que en este caso era inmigrante y pobre. Obviamente, la imagen de la policía quedó muy deteriorada. Por eso no fue casual que desde otras tribunas mediáticas e institucionales, casi inmediatamente, comenzara una «contracampaña» para justificar, por un lado, la labor de los agentes del Ayuntamiento de Madrid y, por otro, para intentar trasladar a la opinión pública la «injusticia» que significaba para empresas del centro de la ciudad, que pagan religiosamente sus impuestos, la competencia de quienes se dedican a la venta ambulante. En este sentido, y haciendo alusión a la noticia publicada por eldiario.es1 el pasado 17 de enero de 2019, la Audiencia de Barcelona ha «corregido» a los Mossos d’Esquadra, a la Fiscalía y a una serie de marcas de lujo que acusaban a un grupo de manteros de la ciudad de causarles «graves perjuicios» económicos. La Audiencia aseguraba que estas empresas no han podido verse afectadas por la venta ambulante ya que el público que accede normalmente a los productos originales en el mercado de lujo no tiene nada que ver con el que compra los productos en el «top manta». La policía autonómica catalana, en su investigación sobre estos hechos, llegó a mantener en prisión provisional hasta diez días a los acusados.
Ahora, casi un año después de la muerte de Mame, la Policía Local de Madrid está en plena campaña contra los «delitos de odio» en las redes sociales.
A nivel estatal, desde las empresas mediáticas también se contribuye al lavado de imagen de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Programas como Policías en Acción o Expediente Marlasca, emitidos en La Sexta, se centran en contar a la sociedad el día a día de agentes en su lucha contra la actividad delictiva. Son reportajes en los que se cuidan muchísimo las imágenes y las formas de estos funcionarios y funcionarias, pero en los que no se profundiza sobre las causas que ocasionan esa delincuencia ni los tipos de violencia a los que son sometidas las personas que delinquen. Es raro ver, en Policías en Acciónpor ejemplo, la persecución y detención de banqueros, empresarios o políticos, grandes saqueadores de lo público. Suelen centrarse en delitos comunes- sobre todo relacionados con el tráfico de drogas-, que tienen lugar en las zonas o barrios más humildes de grandes ciudades. En la misma línea encontramos la serie 091: Alerta Policía, emitida en DMAX y centrada en la labor de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Otro ejemplo es Héroes, más allá del deber, de Mediaset España, en el que literalmente «homenajean a todos los que día a día se juegan su vida por nosotros». A pesar de que en este programa resaltan la labor de otros profesionales, como el personal médico o el cuerpo de bomberos y bomberas, con la policía se han empleado a fondo.
Desde la televisión pública también se contribuye a dulcificar la imagen de las instituciones policiales con series televisivas muy famosas. Servir y proteger es la más reciente pero muchos recordamos algunas más, comoPolicías en el corazón de la calle, producida por Globomedia y emitida en Antena 3 durante los años 2000 y 2003, u otra de corte cómico llamada Los hombres de Paco, producida también por Globomedia y que estuvo en pantalla a través de Antena 3 entre los años 2005 y 2010.
En cuanto a la forma de comunicar los hechos a través de las noticias en los medios audiovisuales y escritos, podríamos poner muchos ejemplos pero es destacable el tratamiento informativo que durante este pasado verano se ha dado a las noticias relacionadas con los rescates de personas migrantes en las costas andaluzas. La labor de las personas voluntarias y trabajadoras de oenegés de ayuda humanitaria, como Médicos Sin Fronteraso SOS Mediterranée, y de otros entes y servicios públicos de salvamento marítimo como Sasemar, contrastaba con la de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad en los puertos españoles durante la crisis migratoria. Frente la solidaridad y la moral inquebrantable de unas estaba la represión de los otros que «solo hacían su trabajo» –frase muy recurrente cuando toca justificar alguna barbaridad– en base a las leyes y políticas migratorias vigentes. Los medios, una vez más, lavaron la imagen de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Primero, cuando rescatar vidas en la mar está «bien visto», es la Guardia Civil la que salva y dirige las operaciones de rescate. Cuando el debate sobre la crisis migratoria adquiere otro sentido, connotaciones que vienen dadas por el auge de la extrema derecha y los partidos racistas, son las oenegés y los cuerpos de rescate públicos y civiles los que «rescatan haciéndoles el juego» a las mafias que trafican con seres humanos.
«Y después de la sangre, ¿qué?» Montajes e impunidad policial.
La disidencia cero no existe, por eso se fabrican discursos paralelos contra la misma con el objeto de que sirvan como ejemplo de lo que «no se puede hacer, decir o escribir» contra el poder político-económico de turno y el propio sistema. Se supone que en los regímenes democráticos, como el nuestro, la impunidad policial estaría erradicada. Pero la realidad es muy diferente. Existen los montajes policiales y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad gozan de una protección especial como garantes de la «tranquilidad» de los «grandes peces».
Es imposible, por la extensión que tendría el artículo, desarrollar todos y cada uno de los casos de montajes policiales en el Estado español, entre otras cosas porque sobre muchos casos no tendríamos datos suficientemente contrastados. Pero al menos recordaremos algunos de los más importantes en diferentes épocas de nuestra historia más reciente.
A finales de la transición y a comienzos de la democracia tuvieron lugar los crímenes de Enrique Ruano, Javier Verdejo, Francisco Ledesma y los jóvenes del ‘Caso Almería’: Luis Cobo, Juan Mañas y Luis Montero.
Enrique Ruano tenía 19 años cuando fue asesinado el 20 de enero de 1969. Fue detenido por la Brigada Policial franquista cuando arrojaba propaganda política de su partido (Frente Liberación Popular) en la vía pública. La versión oficial es que Ruano se suicidó lanzándose desde el séptimo piso del edificio al que había sido trasladado y en el que fue torturado durante algunos días.
Javier Verdejo estaba escribiendo ‘Pan, Trabajo y Libertad’ en una pared de Almería cuando la noche del 13 de agosto de 1976 recibió un disparo de un guardia civil que le ocasionó la muerte. Nunca se supo la identidad de su asesino.
Francisco Rodríguez Ledesma era albañil de profesión. Se encontraba en una asamblea de trabajadores el 9 de julio de 1977 cuando recibió un disparo de un policía. Participaba en la organización de una protesta contra el despido de muchos compañeros de la fábrica de textil de Hytasa, en Sevilla. Las complicaciones médicas que se derivaron del disparo recibido le ocasionaron la muerte meses después.
Luis Cobo, Juan Mañas y Luis Montero, los tres jóvenes del conocido ‘Caso Almería’, fueron torturados y asesinados por la Guardia Civil tras ser confundidos con miembros de ETA en 1981. Muchos indicios de las torturas que recibieron fueron eliminados. Luis, Juan y Luis eran inocentes.
En «plena democracia», en 1992, tienen lugar los asesinatos de Lucrecia Pérez y Pedro Álvarez. Pérez, dominicana de 33 años, murió en Madrid el 13 de noviembre de 1992 a causa de las heridas producidas tras los disparos de un guardia civil vinculado a grupos de extrema derecha. Intentó, valiéndose de su condición de agente de la autoridad, cambiar las pruebas inculpatorias sin éxito. Le condenaron a 54 años de cárcel por el asesinato de Lucrecia pero actualmente ya está en libertad. Pedro Álvarez, de 20 años de edad, también fue asesinado en 1992 en Barcelona. Un policía nacional le disparó tras discutir con él en plena calle. Los abogados de la familia de Pedro tuvieron muchísimas presiones a lo largo de la investigación. Tantas que el caso y las circunstancias en las que se produjo la muerte de este chico, a pesar de las pruebas y testimonios, nunca se aclararon.
Más recientes fueron los casos de Patricia Heras, encausada por el montaje policial de la Guardia Urbana de Barcelona en el ‘Caso 4F’, el asesinato de Carlos Palomino o el de Iñigo Cabacas.
En febrero de 2006, en Barcelona, comienza la pesadilla para cinco jóvenes acusados en uno de los mayores montajes policiales de los últimos tiempos. Agentes de la Guardia Urbana de la ciudad de Barcelona —policías municipales— acusaron, sin más pruebas que la vestimenta y el aspecto físico, a cuatro hombres y una mujer de una agresión a un agente que quedó tetrapléjico en una operación policial que tenía como objetivo el cierre de un edificio ocupado. Todo el proceso político, judicial y policial al que fueron sometidas estas personas quebró la estabilidad emocional una de ellas, de Patricia Heras. Patricia tenía 36 años cuando decidió suicidarse en uno de los permisos carcelarios el 26 de abril de 2011. Años más tarde, dos de los agentes implicados en el ‘Caso 4F’ fueron condenados a prisión en otro caso de torturas. En el documental ‘Ciutat Morta’2 se explica toda la letra pequeña de este montaje policial.
El 11 de noviembre de 2007 un soldado del Ejército de Tierra apuñaló en el corazón a Carlos Palomino, un joven antifascista de Vallecas de 16 años. Su asesino volvía en metro de una manifestación organizada por el partido de extrema derecha Democracia Nacional. Fue condenado a diez años de prisión.
El asesinato de Iñigo Cabacas tuvo lugar en abril de 2012. Un pelotazo de goma lanzado por la policía autonómica vasca acabó con la vida de este joven de apenas 28 años en «extrañas» circunstancias. Seis años después de su muerte, varios agentes de la Ertzaintza se han sentado en el banquillo. La «justicia» ha condenado solo al jefe de la unidad de operaciones que estaba activa aquella tarde de abril en la ciudad de Bilbao. Este agente de la Ertzaintza actualmente está jubilado. El resto de policías que participaron en el asedio al callejón en el que quedaron encerradas muchas personas mientras llovían pelotas de goma, continuará velando por la «seguridad» de la ciudadanía en las calles de Euskal Herria.
La represión hacia la ciudadanía concienciada y organizada tras el 15M también ha dejado montajes sonados. En noviembre de 2012, durante la jornada de Huelga General convocada contras las reformas laborales, la precariedad y la explotación laboral, contra la pérdida de derechos y libertades sociales, se produce en la ciudad de Barcelona una carga policial tras una manifestación. Los Mossos hieren en un ojo a una ciudadana, Ester Quintana, que perderá la vista a consecuencia de las heridas producidas por el impacto de una pelota de goma en su cara. Los policías que dispararon fueron absueltos por la justicia. Este mismo día, pero en Logroño, dos sindicalistas de la CNT también fueron acusados de agredir a varios policías. Los vídeos desmontaban la versión policial. Sin embargo, Jorge y Pablo serán juzgados en abril de 2019 por unos hechos que no cometieron. En Madrid fue detenido Alfon, justo en el Puente de Vallecas cuando se dirigía a un piquete. Le acusaron de llevar explosivos en su mochila. Actualmente cumple condena en la prisión de Navalcarnero.
La policía autonómica catalana, fundada en 1983 y con casi 17.000 efectivos, cuenta con un gran historial de abusos e impunidad policial. La violencia que despliegan en las calles durante cargas para reprimir a la población, las palizas y muertes en comisaría, son bien conocidas. El último caso de muerte en una comisaría de los Mossos tuvo lugar el pasado 21 de enero, cuando trascendía el fallecimiento de joven sirio de 18 años que se encontraba bajo custodia policial. Se espera el resultado de las pruebas de la autopsia que se han realizado al chico, determinantes para conocer la causa —o causas— de su muerte3.
Según un informe de la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura, en 2016 un total de 259 personas denunciaron tortura o malos tratos policiales en el Estado español. Para este colectivo, la tortura en nuestro país es un problema invisibilizado rodeado de impunidad y opacidad. Además, como dato destacable, está también el hecho del descenso en un 69% que se produjo en el año 2009 de las denuncias contra los Mossos. Coincidió con la etapa en la que se instalaron cámaras de vídeo en muchas comisarías.
Las pruebas audiovisuales fueron rotundas en el caso del asesinato de Juan Andrés Benítez, al menos para gran parte de la opinión pública. En octubre de 2013, en el barrio del Raval de Barcelona, seis agentes de los Mossos d’Esquadra, reducen a un vecino. Lo golpean hasta la muerte en plena calle. La escena es grabada en vídeo por algunas personas, vecinas del barrio. A las pocas horas las imágenes inundan las redes sociales. Debido a la repercusión que tuvo el caso y a la dureza de los vídeos, las personas que grabaron sufrieron muchísimas «presiones». La justicia, la dirección de este cuerpo policial y algunos abogados llegaron a un acuerdo con la familia de Juan Andrés. Los asesinos no llegaron a entrar en prisión.
Tenemos y debemos recordar al panadero de Pamplona, asesinado por un agente de la Policía Nacional fuera de servicio. Ocurrió en marzo de 2014, justo después de los atentados de Atocha en los que perdieron la vida 292 personas. El policía utilizó para el asesinato su propia arma reglamentaria, unos minutos después de que el panadero hubiera discutido con su esposa sobre la autoría de los atentados de Madrid. Cabe recordar que durante las primeras horas, entre el día 11 y el 14 de marzo, día de Elecciones Generales, el Gobierno español del Partido Popular hizo todo lo posible por relacionar el atentado con ETA. Luego se descubrió que detrás de los «fundamentos» del mismo estaba la colaboración del Estado español con países como Estados Unidos e Inglaterra en operaciones y ataques bélicos en Oriente Medio.
Los montajes policiales y la represión hacia las profesionales de la información y medios de comunicación tampoco son una novedad. Las cámaras, sobre todo de los medios independientes y alternativos, nunca son bienvenidas en movilizaciones de mucha tensión en las que se espera que las Unidades de Intervención Policial (UIP) entren en acción en cualquier momento. Situaciones como desahucios, escraches, manifestaciones contra instituciones del Estado, etc. Boro, periodista de La Haine, fue acusado en marzo de 2014 de agredir a varios agentes de la Policía Nacional mientras se celebraba una manifestación contra la Monarquía. Durante aquella jornada los agentes se emplearon a fondo sobre todo con los medios y periodistas que cubrían las protestas ciudadanas. En las imágenes difundidas a través de las redes sociales siempre se distinguió a Boro realizando su labor, fotografiando la represión. Ana García, reportera de La Sexta, fue detenida llegando a pasar una noche entera en la comisaría del CNP de Sevilla por grabar un desahucio en noviembre de 2012. Ana estaba acusada de delitos tales como desobediencia, atentado contra la autoridad, lesiones y daños materiales en el vehículo y en las dependencias policiales 4.
Estar en disposición de una placa de agente de la autoridad otorga poder. Eso debieron pensar los guardias civiles, fuera de servicio, que discutieron en un bar de Altsasua, en Navarra, con algunos jóvenes una noche de 2016. Esta pelea de bar, como otras que tienen lugar en tantos establecimientos a lo largo y ancho del país sin ninguna repercusión política o social, fue utilizada para fabricar otro gran montaje policial contra varios jóvenes que en la actualidad siguen en prisión preventiva. Quizás lo que pasó aquella noche en Altsasua podría acercarse mucho a esta otra situación que vivieron hace pocos días en una discoteca de Coslada (Madrid). Un agente de policía nacional, también fuera de servicio, desenfundaba su arma reglamentaria para zanjar una discusión con otras personas a las que no dudó en apuntar, sembrando el pánico entre todas las demás 5.
Agentes de policía que en teoría están para proteger pero que dedican sus esfuerzos a arruinar la vida de personas «por encargo». En diciembre de 2018 dos agentes del CNP fueron condenados a 11 años de cárcel por acusar falsamente a una mujer. Según la investigación, los dos policías nacionales siguieron órdenes del exnovio de la chica.
Contra el Movimiento Libertario y entornos anarquistas también se han llevado a cabo importantes operaciones policiales, algunas basadas en indicios inverosímiles, como la Operación ICE, una investigación policial que terminó en una acusación de terrorismo fundamentada en pruebas tales como productos de limpieza y una pintada callejera. En esta operación fue detenido Nahuel, joven comprometido con el estilo de vida Straight Edge, consistente en abstenerse de beber alcohol, fumar tabaco y consumir drogas. El joven de 27 años, detenido en el marco de esta operación, estuvo en prisión preventiva un año y cuatro meses. Gran parte de todo ese tiempo estuvo en régimen de aislamiento. Nahuel fue acusado de enaltecimiento del terrorismo por escribir en las redes sociales «Goku vive, la lucha sigue». Hace poco se demostró su inocencia.
Con la Operación Araña la Guardia Civil también perseguía el «enaltecimiento del terrorismo» en las redes sociales. Las investigaciones se llevaron a cabo en cuatro fases entre 2014 y 2016. En el marco de esta operación casi 80 personas fueron detenidas por opiniones y comentarios vertidos en las redes sociales. El cantante del grupo Def Con Dos, César Strawberry, fue una de las detenidas. Y Alfredo Remírez, muy activo en redes sociales, ha pasado un año en la cárcel por la misma causa.
La Operación Pandora, efectuada por los Mossos d’Esquadra, consistió en una serie de detenciones en diciembre de 2014 tras el registro de distintos centros sociales de Cataluña y domicilios particulares. La Audiencia Nacional se encargó de dar las instrucciones en el marco de una operación -otra más-, contra el Movimiento Libertario. Más tarde la causa fue archivada por no encontrarse relación entre los acusados y acciones terroristas.
En cuanto a la Operación Piñata, otra investigación policial llevada a cabo contra el entorno libertario y en busca de la existencia o justificación de un supuesto «terrorismo anarquista» en el Estado español, tras cuatro años de investigaciones también fue archivada.
Redes sociales, música, cultura y represión.
Las redes sociales son, indiscutiblemente, una herramienta de comunicación muy poderosa y útil para la ciudadanía concienciada. A través de ellas se han organizado encuentros, manifestaciones, concentraciones, etc. y son muchas las personas que se informan, dada la triste realidad que presentan la mayoría de medios de comunicación denominados «de masas». Pero también son una vía de escape para quienes vierten su rabia contra el sistema. A través de nuestros perfiles en las redes estemos más vigilados y vigiladas que nunca. En los últimos años hemos visto cómo la Audiencia Nacional sentaba en el banquillo a varias personas por difundir determinados mensajes o hacer chistes en sus perfiles públicos. Tuiteras como Cassandra o músicos como Pablo Hasel, han tenido que defender ante los jueces de la Audiencia Nacional su derecho a la libertad de expresión.
La represión también ha golpeado directamente a otros artistas, como a los titiriteros que representaronLa Bruja y Don Cristóbal y fueron acusados de enaltecer el terrorismo en las calles de Madrid, o a los del colectivo de raperos de La Insurgencia, o al mallorquín Valtónyc, quien tuvo incluso que marcharse de España tal como hicieran otros en plena Guerra Civil o durante los años de la dictadura franquista.
Formas de resistencia: protegernos de quienes nos protegen.
El pasado 22 de enero se presentó en el local de la Fundación Anselmo Lorenzo de Madrid el libro Os protegemos de vosotros mismos, un conjunto de ensayos sobre la política policial y la policía en el mundo contemporáneo, del colectivo artístico Democracia y Félix Trautman. Durante la presentación se reflexionó sobre la violencia policial pero también sobre la idea del policía como «trabajador». Según los autores de este libro, «el policía es el trabajador perfecto para la clase dominante». De todo el funcionariado del Estado, la policía es el cuerpo peor pagado. Se les recluta entre la gente de las clases más humildes de la sociedad. Por regla general, son personas que han tenido pocas posibilidades de realizar estudios superiores. Por eso encuentran en este «trabajo », en el que solo «obedecen» sin cuestionarse nada, su modo de vida. Se les ha sustraído su capacidad de discernir, de reflexionar, de expresar sus sentimientos, se les ha limitado su humanidad… no son más que marionetas. Por eso, en base a esta reflexión o planteamiento, otro de los colaboradores de este libro, Daniel Villegas, explicaba que el diálogo con el orden es imposible. Y si este diálogo con el brazo armado del Estado no puede darse, por las cuestiones ya planteadas, la única vía u opción que nos espera es la resistencia, intentando en la medida que nos sea posible protegernos de aquellos que nos protegen. Existen numerosos manuales, libros, artículos al respecto, pero destacaremos dos de ellos. Por un lado, la Guía Antirrepresiva de la Confederación General del Trabajo (CGT), un texto sobre derechos y libertades para lucha sindical y social. El Gabinete Jurídico de la organización anarcosindicalista aborda en él la represión como concepto referido a la acción, acto o conjunto de actos, ordinariamente ejercidos desde el poder, para contener, detener o castigar con violencia actuaciones políticas o sociales. Esta guía, editada en el año 2015, tiene su motivación en un contexto de falta de libertades y retroceso de derechos contra los que la ciudadanía se empezaba a rebelar y que fue contestada por el Estado durante esos años de manera muy contundente a través de las fuerzas policiales.
Por otro lado, Cabo de Guía es otro manual imprescindible para quienes han tomado la decisión de participar y colaborar en movimientos y organizaciones sociales, políticas o sindicales críticas con el poder y la represión. Este texto aborda la represión que puede sufrir cualquier persona al ser detenida y condenada, perdiendo su libertad y teniendo que pasar algún tiempo en prisión. Se trata de consejos útiles tanto para la familia y amigos de la persona que es detenida como para ella misma durante el tiempo que duren los procedimientos en su contra.
Ambos manuales están disponibles en la red y pueden ser consultados y descargados por cualquier persona.
NOTAS:
1.https://www.eldiario.es/catalunya/politica/Condenados-manteros-Barcelona-Fiscalia-Espana_0_858114972.html
2 https://ciutatmorta.wordpress.com/
3.https://www.europapress.es/sociedad/noticia-detenido-18-anos-muerecomisaria-mossos-barcelona-desmayarse-20190120171444.html
4 https://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/25/comunicacion/1353843513.html
5 https://elpais.com/ccaa/2019/01/16/madrid/1547654932_723926.html
Macarena Amores.
Periodista y militante anarcosindicalista.
Nota: Este artículo forma parte del Dossier sobre La Represión de la Revista Libre Pensamiento nº 97.
