Desde hace años, el desmantelamiento planificado del servicio de salud público es algo que por desgracia se está llevando a cabo sin que seamos capaces de frenarlo. Prueba de ello fue el “V Acuerdo por el Empleo y la Negociación Colectiva” que firmaron el año pasado quienes dicen representar a los trabajadores, los sindicatos del Gobierno, y en el que claramente acordaron impulsar un doble sistema sanitario. Su planteamiento fue que las Mutuas atiendan y gestionen todo lo referente a la salud de los trabajadores y trabajadoras y por otro lado la Seguridad Social, con los pocos recursos que les dejen, atiendan la salud del resto de la población. Algo inaudito en una sociedad que pretende ser igualitaria.
En la actualidad se están derivando bajas relacionadas con lesiones musculoesqueléticas (traumatológicas) de origen común a las Mutuas. Las cuales, según el acuerdo alcanzado en mayo del año pasado podrán “realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de Incapacidad Temporal (IT) por contingencias comunes de origen traumatológico”.
Para la CGT, la verdadera preocupación no solo recae en observar como los sindicatos afines al poder dejan a los pies de los caballos a la clase trabajadora, dejando en manos de las mutuas privadas algo tan delicado como la gestión de las bajas por IT, sino que también denunciamos la creación de este doble sistema sanitario. Lo que preocupa es que no se consulte a la población en general y quienes si tienen el poder fáctico, el Gobierno y partidos, tengan ya definido con arreglo a la ley entregar todas las competencias en salud a entes privados como las Mutuas, que están manejadas por las empresas, con el apoyo incondicional de CCOO y UGT. En definitiva, lo que realmente nos preocupa como CGT es que esta realidad se consolide y ya no tenga marcha atrás. Como organización anarcosindicalista defendemos los servicios públicos y nos movilizaremos con todas aquellas organizaciones sociales y sindicales que estén en esta línea.
Durante décadas nos han hecho creer en la obligación de mantener a las mutuas, vendiendo el discurso de ser más efectivas por adelantar pruebas diagnósticas, porque atienden en el momento… Pero la realidad, es que muchos de los grandes problemas generados con la salud de las personas trabajadoras derivan de las propias mutuas, no reconociendo miles de lesiones laborales, generando secuelas en lesiones mal curadas, procesos judiciales ralentizados por su no colaboración…
Para CGT todo esto demuestra que hay que erradicar de inmediato esta forma de actuar que poco a poco va ganando terreno y espacio al servicio público de salud, el cual debería seguir siendo el único que gestionara todo lo relacionado con las bajas por IT. Desde CGT apostamos porque sea la propia Seguridad Social la que gestione también las bajas por accidente laboral o enfermedad profesional. Lo contrario es dejar nuestra salud en manos de quienes solo miran la rentabilidad frente a la prevención y la curación.
Si el Gobierno y sus sindicatos afines dan a las Mutuas el poder de tratar todas las incapacidades, desaparecerá definitivamente el reconocimiento de incapacidades laborales con todo lo que conlleva en la pérdida de derechos, entre ellos la anulación de exigir a las empresas más prevención, ya que se falsearán los datos, nadie se lesionará en el trabajo, por lo que no se podrá actuar contra las empresas y exigir unas medidas de prevención adecuadas.
El 5 de febrero está convocada la mesa de negociación con sindicatos y empresarios. Nuestro rechazo ha de ser total; denunciamos a CCOO y UGT por no defender la salud de las trabajadoras frente a los beneficios del capital.
También denunciamos que se convierta en realidad la entrega de la gestión de nuestra salud a las mutuas, por parte del gobierno. Las Mutuas no ofrecen ninguna prestación sanitaria que no pueda realizar la sanidad pública. Por tanto CGT vamos a presionar para exigir:
- Al Gobierno estatal la aplicación inmediata de la disposición final tercera de la Ley 14/1986 General de Sanidad que establece que:
“El Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta conjunta de los Ministerios interesados, dispondrá que los centros, servicios y establecimientos sanitarios de las Mutuas de Accidentes, Mutualidades e Instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, puedan ser objeto de integración en el Sistema Nacional de Salud, siempre que reúnan las condiciones y requisitos mínimos”
- A los Gobiernos autonómicos el rechazo a cualquier propuesta de convenio con las Mutuas.
- Exigir un cambio legislativo buscando la desaparición de las Mutuas o su integración dentro del INSS para la gestión administrativa de las incapacidades.
CONTRA LAS MUTUAS, POR NUESTRA SALUD
Secretariado Permanente del Comité Confederal
