La presión social una vez más demuestra ser efectiva. La pretensión de elevar los años para el cómputo de las pensiones, que conllevaría la bajada de éstas, se ha echado para atrás. A pesar de ello, las nuevas recomendaciones del Pacto de Toledo, la comisión encargada de establecer directrices en materia de Seguridad Social, marcan las intenciones de empresarios, políticos y sindicatos del régimen ¿Cuales son?
Las recomendaciones señalan la estrategia neoliberal de privatización de los servicios públicos, incluidas las pensiones, sobre los derechos y las necesidades de las personas. Si repasamos algunas de las medidas propuestas nos encontramos con la verdadera intención de políticos, empresarios y sindicatos mayoritarios: asegurar su negocio a costa de nosotros.
Los datos confirman que teníamos razón y que no hay déficit en la Seguridad Social. Curioso, después de años de campañas en los medios de comunicación para atemorizarnos por la quiebra del sistema y animarnos a suscribir planes privados. Es más, si los gobiernos no hubiesen utilizado ese dinero para gastos impropios habría superávit. Aún así, las recomendaciones no aseguran las revalorizaciones de las pensiones según el IPC al no garantizarse como un Derecho Fundamental.
Crean una doble caja público-privada en el sistema público. Por un lado tendríamos la caja pública actual que reparte las aportaciones de los trabajadores de hoy para pagar las pensiones de hoy, sin intermediarios. La novedad es que introducen una caja privada a través de los planes de empresa, que serán gestionados por comisionistas y especuladores en el mercado financiero y en donde recibiremos estrictamente lo aportado menos las fluctuaciones financieras. Para hacernos una idea por sus similitud, la rentabilidad los planes de pensiones privados individuales no llega ni al IPC. Con el transcurso de los años vaciarán la caja pública para fomentar la privada. Son los primeros pasos para implantar el sistema austriaco en donde no existen las prestaciones por desempleo o las indemnizaciones por despido, que son sustituidas por una bolsa que ahorra cada trabajador.
No se propone la derogación de ninguna de las anteriores reformas, y que tanto daño han hecho al sistema público de pensiones. Ni la de 2011 (gobierno del PSOE), ni la de 2013 (gobierno del PP), pero tampoco el plan de sostenibilidad, por el que disminuyen las pensiones según la esperanza de vida, ni el cómputo de 15 a 25 años para calcular la pensión.
Mantienen alargar la vida laboral de 65 a 67 años y fomentar voluntariamente seguir trabajando después de cumplir la edad legal de jubilación. Incomprensible, no es de sentido común, porque hay en España un 42% de paro juvenil y 300.000 jóvenes que han tenido que emigrar por no encontrar un puesto de trabajo.
Más de un tercio de las pensiones no llegan al umbral de la pobreza y más de la mitad no alcanzan el salario mínimo actual de 950 €/mes. Y sin embargo no hay una recomendación para revalorizar las pensiones mínimas. Reivindicamos que la pensión mínima sea igual al salario mínimo y éste sea lo que indica la Carta Social Europea, 1.084 €/mes y 14 pagas al año.
Da la espalda a la realidad laboral de un país con contratos precarios y salarios muy bajos que no cotizan como deberían hacerlo. Un 12,3 % de las personas con empleo no superan el umbral de la pobreza. Así será imposible tener pensiones dignas en el futuro. No se propone ninguna solución que definitivamente acabe con las deficiencias de las pensiones de viudedad y del resto de pensiones no contributivas.
Este problema no es solo de quienes ahora están cobrando una pensión. El problema es de toda la clase trabajadora, los Derechos nos los arrebatan cuando no los defendemos y no avanzamos si no luchamos por ellos. Hemos comenzado una campaña informativa como paso previo a la acción para cambiar la situación.
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