ACCIDENTES Y SALUD LABORAL:
UNA TRAGEDIA SILENCIADA
Los accidentes laborales en el Estado español no son meros incidentes aislados, sino una crisis estructural que se cobra vidas a diario ante la pasividad de administraciones y la patronal. En 2024 se registraron 628.300 accidentes de trabajo, de los cuáles 796 fueron mortales. Esto equivale a 2 muertes al día, una cifra que debería provocar indignación y acción inmediata pero que, año tras año, se reduce a una estadística más en informes que nadie parece dispuesto a traducir en medidas efectivas.
Desde CGT llevamos más de un año y medio denunciando esta realidad, impulsando campañas y visibilizando la gravedad de la siniestralidad laboral. Pero los accidentes visibles son solo la punta del iceberg. El trabajo asalariado también enferma de manera silenciosa, con enfermedades laborales que, cuando aparecen, suelen ser infradeclaradas o directamente negadas. Esta falta de reconocimiento es preocupante en todos los sectores, pero se agrava aún más en aquellos con menor protección, menor regulación y menor presión sindical, especialmente en los más feminizados y precarizados, donde las dolencias derivadas del trabajo son sistemáticamente ignoradas.
Desgraciadamente, los accidentes mortales han aumentado un 10 % con respecto al año anterior. En términos relativos al número de trabajadores, el incremento es del 8 %. Es decir, el trabajo sigue matando, y lo hace cada vez más. Si ampliamos la mirada, el panorama es aún más desolador: en los últimos 30 años, más de 30.000 personas han muerto en España a causa de accidentes laborales. No estamos hablando de hechos aislados ni de desgracias inevitables, sino de una constante que se repite década tras década sin que se adopten medidas contundentes para frenarla. Los sectores más afectados son los mismos de siempre: construcción, industrias extractivas, agricultura, transporte y suministro de agua y saneamiento.
Pero la tragedia laboral no se limita a los accidentes. Las enfermedades laborales, a menudo invisibilizadas, también están en aumento. En 2023, se registraron 25.625 casos, un 14 % más que el año. anterior. De estos, 11.002 causaron baja, mientras que el resto ni siquiera fue considerado lo suficientemente grave como para interrumpir la jornada laboral. La infradeclaración sigue siendo un problema enorme: muchas enfermedades derivadas del trabajo no se reconocen como tales, dejando a las trabajadoras y trabajadores sin protección ni compensación. Es un círculo vicioso que favorece a las empresas, que se desentienden de su responsabilidad mientras las administraciones miran hacia otro lado.
Asimismo, queremos poner el foco de atención en aquellos sectores más feminizados, los más invisibilizados y precarizados, a pesar de que sin ellos el sistema colapsaría. Los trabajos esenciales para la reproducción social, como el empleo doméstico, los cuidados, la limpieza o la asistencia a domicilio, siguen careciendo del reconocimiento que merecen, no solo en términos salariales, sino también en derechos laborales. Esta falta de valoración se traduce en una desprotección sistemática frente a enfermedades y lesiones derivadas de su desempeño, perpetuando la idea de que el esfuerzo físico y el desgaste corporal que implican son una carga natural e inevitable para quienes los ejercen. La ausencia de regulación efectiva en prevención de riesgos laborales agrava aún más esta situación. A pesar del esfuerzo físico intenso que requieren estos empleos, la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales apenas se aplica en estos sectores. No se contemplan como riesgos laborales el levantamiento repetitivo de cargas, las posturas forzadas o la carencia de herramientas adecuadas, dejando a estas trabajadoras expuestas a lesiones sin posibilidad de reconocimiento ni acceso a bajas médicas o tratamientos. La invisibilización de estos riesgos refuerza la normalización del deterioro físico de quienes sostienen la vida cotidiana, perpetuando la desigualdad y la desprotección de miles de mujeres trabajadoras.
El problema no es la falta de soluciones, sino la falta de voluntad para aplicarlas. La precarización del empleo, la escasez de inspecciones laborales y la impunidad empresarial agravan una situación que ya debería haber sido atajada hace años. Mientras los empresarios sigan priorizando el beneficio sobre la vida, mientras las administraciones continúen maquillando las cifras en lugar de aumentar los controles y endurecer las sanciones, el trabajo seguirá destrozando vidas. La solución no llegará por iniciativa de quienes se benefician de esta realidad, sino a través de la organización y la lucha sindical. La historia nos ha demostrado que solo con presión y movilización se consiguen cambios.
Por todo ello, el próximo 28 de abril, Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, no puede ser un mero recordatorio simbólico. Debe ser un grito de denuncia, una exigencia de medidas inmediatas y una llamada a la acción. Porque no hablamos de números, hablamos de vidas. Y cada vida perdida en el trabajo es una prueba más de que este sistema sigue priorizando el capital sobre las personas.
Mariu Ruiz
Economista del Gabinete Socioeconómico Confederal
