El gobierno prioriza los beneficios empresariales a costa de nuestra salud

El próximo lunes 13 de abril o el martes 14, dependiendo de la Comunidad Autónoma, se va a reanudar la actividad de los servicios no esenciales. Se reiniciarán todas las actividades industriales, desde una fábrica hasta el despacho de cualquier actividad empresarial.


Según las informaciones esta decisión supone un cambio de criterio en el gobierno, ya que rompe la dinámica de seguir los consejos y propuestas de las y los profesionales, es decir, las propuestas del Comité Científico del COVID-19, un Comité creado por el propio Gobierno y que está integrado por seis técnicos de prestigio nacional e internacional. Es más, según publica el diario El País, alguno de los miembros de este Comité Científico ha declarado que el Gobierno no les ha consultado la decisión de reanudar las actividades no esenciales. Algo que el propio Fernando Simón, persona que lidera a este grupo de personas expertas, ha corroborado: “no hubo una consulta explícita de prorrogar el decreto, pero esa tampoco es nuestra labor; lo que hemos debatido es las medidas que tomar cuando esto se produzca”.

En estos días se están produciendo diferentes manifestaciones de personas expertas en la materia contra la decisión del Gobierno. La viróloga del CSIC Margarita del Val considera precipitado poner en marcha la actividad industrial. Antoni Trilla, epidemiólogo y uno de los miembros del Comité Científico del COVID-19, ha manifestado que sería sensato mantener una paralización total más allá de esta semana.

También hay voces dentro de la Comunidad Científica que abogan por la vuelta a la actividad, pero reconocen igualmente que repercutirá negativamente en nuestra salud. Las declaraciones de Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Crisis de la OMS, a El País, son clarificadoras en este sentido: “desde un punto de vista epidemiológico, la vuelta al trabajo de millones de personas supone un riesgo de algunos rebrotes, si bien es lógico, poner en la balanza las salvaguardas sanitarias y la actividad productiva y económica y el empleo”.

Si traducimos a lenguaje cotidiano y a hechos reales el significado de “salvaguardas sanitarias” nos daremos cuenta que se trata de nuestras vidas y si hacemos lo mismo con el término “actividad productiva y económica” nos daremos cuenta que se trata de beneficios empresariales.

Desde el Ministerio de Sanidad, conscientes del alto riesgo de aumento de contagios que supone la vuelta a la actividad, han difundido una serie de normas a tomar. Unas normas que implicarán tomar una serie de precauciones dependiendo de cuál sea nuestro estado de salud, cuál sea el medio de transporte que usemos para ir a nuestro centro de trabajo, el tipo de trabajo que realicemos, medidas higiénicas fuera de nuestro espacio doméstico, distancias interpersonales de seguridad que no siempre son fáciles de guardar y un largo etcétera. Siempre hay una excepción que confirma toda regla, pero esto son un sinfín de reglas para justificar una excepción que no hay por dónde cogerla.

Cuando se necesitan tomar tantas precauciones y medidas preventivas para desarrollar una actividad es que esa actividad no se debe hacer a no ser que sea imprescindible para la vida. Por otra parte la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) es muy clara en ese aspecto, ya que tiene como premisa la eliminación del riesgo y sólo cuando esto no es posible, establece las medidas de protección individual o colectivas para minimizar el riesgo que no ha sido posible eliminar. De hecho la propia LPRL prevé la paralización inmediata de trabajos o tareas ante el riesgo grave e inminente para la seguridad y la salud de las personas trabajadoras. ¿Y no es este el escenario en el que nos encontramos?, si las propias autoridades sanitarias reconocen que la vuelta a la actividad supone un aumento de los contagios ¿por qué se reanuda la actividad?

Por si esto no fuera suficiente, se reanuda la actividad con una serie de medidas preventivas que requieren de unos Equipos de Protección Individual (EPI) que las empresas no pueden proporcionar. Adoptar esta medida en un país con un fraude en la contratación galopante, con una economía sumergida que duplica la media europea, con una siniestralidad laboral de las más altas de Europa (695 personas muertas por accidente laboral el año pasado) y en definitiva, con una clase empresarial acostumbrada a saltarse la legislación laboral, supone poner a los pies de los caballos a toda la clase trabajadora.

Es necesario recordar la trágica cifra de personas fallecidas por el COVID-19 en la provincia de Bérgamo de Italia. En esa zona se ha registrado el mayor número de víctimas por habitante de Italia y de Europa. La patronal estuvo presionando al Gobierno y consiguió que no se cerrara la actividad, siendo este el factor principal del elevado número de personas fallecidas.

Las presiones de la CEOE no pueden llevar al gobierno a contradecir las propias medidas que ha tomado y menos teniendo en cuenta que no son respaldadas por los argumentos científicos y sanitarios. El volver a la actividad laboral supone romper el confinamiento aproximadamente en un 40% del tiempo cada día, cuando no más, con el consiguiente aumento de los contagios. Esto es inaceptable.

CGT- Región Murciana

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