La deriva criminalizadora en la crisis migratoria del Mediterraneo

Las respuestas solidarias frente al fenómeno migratorio en el Mediterráneo, en el que en los últimos años se han jugado la vida decenas de miles de personas y varios miles la han perdido, se ha traducido en una multitud de iniciativas individuales y colectivas. Frente a ellas, los gobiernos de la UE no solo han profundizado en la persecución y en la represión de las personas migrantes en tránsito mediante la externalización de fronteras. También han cargado contra quienes las socorren, las defienden y testimonian la barbarie de tales políticas. Aunque reprimidas, estas voces nos marcan el camino para recuperar la dignidad que colectivamente estamos perdiendo.

La crisis migratoria y la militarización del Mediterráneo

Seis muertos al día en el Mediterráneo a lo largo de 2018. Más de 10.500 muertes tan solo en los últimos tres años. Muertes que se mantienen a pesar de que se ha reducido drásticamente el número de llegadas a Europa. Un muerto de cada 51 personas que se echan al mar, cifra que se ve incrementada en el Mediterráneo central, donde según los últimos datos de ACNUR las nuevas medidas de restricción migratoria se han hecho más cruentas –una persona fallecida por cada catorce que se embarcan. La migración a Europa se ha convertido en un peligroso camino que en no pocas ocasiones lleva a la muerte. En los últimos años el Mediterráneo se ha llevado tantas vidas como si de un conflicto bélico se tratara.

Ante las evidentes consecuencias de la evolución restrictiva de las políticas migratorias de la UE en los últimos años, que han configurado una atroz realidad donde las personas en tránsito son sometidas a continuos abusos y condiciones indignas, la sociedad civil ha ido dibujando distintas formas de solidaridad. Mientras, sin embargo, la persecución de defensores y defensoras de derechos humanos en el Mediterráneo está en auge. Un auge paralelo al impulso de opciones políticas neofascistas con un discurso abiertamente racista y xenófobo. Ambas realidades son consecuencia de una misma causa, el endurecimiento de las políticas migratorias y el cierre de las fronteras, que han ido acompañadas de discursos políticos que llevan difundiéndose más de veinte años desde las instituciones nacionales y europeas, sembrando alarma y miedo. Discursos que se han convertido en una realidad cotidiana en los grandes medios de comunicación.

Paulatinamente, se han ido cerrando las rutas oriental y central del Mediterráneo como consecuencia de los acuerdos entre la Unión Europea y Turquía y entre el Gobierno italiano y Libia, mediante el que se establece una zona de rescate en 110 millas de la costa libia, la prohibición de los barcos de salvamento de ONGs y el incremento de desembarcos de personas rescatadas en Libia –se ha pasado a desembarcar en Libia al 85% de las personas interceptadas en la segunda mitad de 2018. Esto ha llevado a que el Mediterráneo occidental, nuestra frontera sur, se haya convertido en la principal ruta con más de 65.000 llegadas y 777 muertes en 2018.

En este escenario juega un papel cada vez más decisivo la llamada Agencia FRONTEX, Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. Europa no se ocupa de salvar vidas, se ocupa de una vigilancia y un control fronterizo que van haciendo las rutas cada vez más cruentas y mortíferas. Esta agencia europea ha impulsado la implantación de sofisticados sistemas de vigilancia, como nuestro Sistema de Vigilancia Exterior (SIVE), sistemas costosos tanto en su implantación como mantenimiento y que no se han mostrado eficientes a la hora de identificar embarcaciones de migrantes. También participa en operaciones de colaboración policial en materia migratoria con terceros países donde las garantías en materia de derechos humanos dejan mucho que desear, así como en los operativos de deportación de los estados europeos.

En la actualidad, FRONTEX entraña una apuesta por la militarización de los servicios de salvamento marítimo, algo que en el Estado español tendrá un fuerte impacto sobre nuestro servicio de salvamento, uno de los pocos dispositivos de salvamento marítimo de carácter civil y que tiene un merecido prestigio. A ello se une la financiación y promoción de los servicios de guardacostas de los países norteafricanos limítrofes y el establecimiento de plataformas de desembarco en estos países. Pronto, esta agencia arrebatará soberanía a los países del sur de Europa respecto al diseño de sus políticas migratorias. En definitiva, supone desentendernos de una crisis humanitaria en el Mediterráneo, que empieza a ser sistémica, mediante una suerte de subcontratación del control fronterizo y la represión de los flujos migratorios en terceros países, externalizándolos a sabiendas de que supondrá un mayor sufrimiento y más muertes para las personas migrantes. Porque la catástrofe humanitaria no solo está en el Mediterráneo, también está en los países de tránsito a los que estamos financiando con ese fin.

Se culpa a las mafias, pero la realidad es que estas, como ocurriera con la Ley Seca, no dejan de proliferar abonadas por unas políticas que convierten las rutas migratorias en cada vez más infranqueables. Las mafias, junto con las fuerzas de seguridad de estos países a los que pretendemos externalizar nuestro control fronterizo, son las grandes beneficiadas, unidas a las empresas que suministran y mantienen los dispositivos tecnológicos de control y vigilancia.

No se puede permanecer impasible ante la realidad de los centros de detención en Libia y el trato inhumano que están recibiendo los y las migrantes, o de las redadas, persecuciones y deportaciones al sur de personas subsaharianas en Marruecos, nuestro país vecino y socio. En definitiva, estamos en un escenario de guerra, soterrada si se quiere, pero con todos los elementos de una guerra. Esta es la solución que da Europa a un escenario con el mayor número de desplazamientos forzados del mundo, casi 70 millones de personas. Una solución costosa tanto en términos económicos como humanitarios, que ha resultado absolutamente desastrosa y con nula incidencia en las verdaderas causas que dan origen a la voluntad o necesidad de migrar.

 

La criminalización de las personas migrantes en Europa

A este establecimiento de unas vías cada vez más inseguras y peligrosas de llegada a Europa le acompaña una restricción de derechos de las personas migrantes en Europa y, lo que es más grave, un evidente incumplimiento de las obligaciones en materia de derechos de los estados y que tiene en el desprecio generalizado por el cumplimiento de las cuotas de reubicación de personas refugiadas su más claro exponente. Un desprecio que también se produce con respecto a los procedimientos de quienes solicitan asilo y se plasma en unas pésimas condiciones de acogida y el total abandono de las políticas de integración.

La alarma creada en los últimos tiempos con el fenómeno migratorio no se tendría que deber a la llegada de unos miles de migrantes al año. Hemos tenido épocas en las que se contaban por cientos de miles, cuando la burbuja inmobiliaria lo requería. La alarma se genera por una imagen, repetida hasta la saciedad, de inmigrantes en recurso de primera acogida desbordados por la inanición a la que les someten las administraciones, donde las personas migrantes se muestran tiradas en instalaciones portuarias, polideportivos o en las cubiertas de las embarcaciones de salvamento que hacen las veces de centro de detención.

Nunca se nos habla de lo enriquecedor de las migraciones, del dinamismo que aportan a nuestra sociedad, de las riquezas de la interculturalidad, de la trascendencia de los trabajos que realizan en nuestras sociedades. Las consecuencias de su criminalización y el abandono de las políticas de integración llevan al miedo y el miedo al odio.

Un odio creado por las políticas de exclusión y criminalización, en gran medida marcadas por el marco normativo comunitario. La imagen de la inmigración se reduce a pateras, redadas, los Centros de Internamiento de Extranjeros y las deportaciones. Políticas costosas y de baja eficacia, ya que finalmente solo se expulsa a un pequeño porcentaje de quienes llegan irregularmente y solo de algunas nacionalidades, pero que construyen un potente imaginario negativo.

 

La represión de la solidaridad en las fronteras

Esta realidad ha articulado no menos importantes respuestas, diferentes formas de resistencias y solidaridad surgidas desde la sociedad civil. Grandes manifestaciones por la acogida y la integración, redes de solidaridad y acogida ciudadanas que en muchos casos se han mostrado más eficaces que las propias estructuras de los estados y de la UE.

Es paradigmático el desplazamiento de miles de personas voluntarias a las costas griegas en 2015, o el establecimiento de operativos de salvamento y rescate desde entidades sociales como el Open Arms, POEMAID, Salvamento Marítimo Internacional en el Estado español, pero también desde otros países de Europa. En la frontera sur hay que destacar el papel de la activista Helena Maleno quien desde hace años es alertada de las pateras a la deriva en el estrecho y mar de Alborán y que con su labor de comunicar estos avisos a Salvamento Marítimo ha permitido que se salven miles de vidas.

Frente a esta solidaridad, las políticas migratorias ya no solo se centran en la persecución y represión de las personas migrantes en tránsito, también han empezado a apuntar con fuerza a personas solidarias y a quienes testimonian la barbarie de tales políticas. El delito de colaboración con la inmigración clandestina o «irregular» se pretende extender hasta convertirlo también en un delito de solidaridad u hospitalidad.

La principal persecución hasta el momento se plantea en las fronteras. Es donde la realidad migratoria fricciona especialmente y donde la solidaridad parece escocer especialmente, si bien ha habido intentos de perseguir otras conductas como los empadronamientos solidarios, como se pretendió en la reforma del Código Penal de 2010.

El panóptico fronterizo europeo no solo no quiere testigos, lo cual es una de las razones por la que en la actualidad no quedan barcos de rescate tras el reciente bloqueo del barco Sea Watch por parte de Italia. Tampoco quiere operativos de salvamento civiles que atiendan a una lógica exclusivamente humanitaria, por encima de la deriva de las políticas migratorias. La lógica de la devolución al tercer país que consagró el acuerdo UETurquía ha sido un punto de inflexión en materia de intervención humanitaria en el Mediterráneo, aunque ya existían antecedentes en tratados bilaterales como los de Italia y la Libia de Gadafi, o de España con Marruecos, Senegal y Mauritania. .

Una externalización del control fronterizo y de la gestión de los flujos migratorios con elevado coste, no solo por la contraprestación económica (en el caso de Turquía 6.000 millones de euros), sino también en términos humanitarios.

Esa articulación de la sociedad civil ante la crisis del Mediterráneo ha sido perseguida en distintos lugares. En Grecia se detuvo y procesó, entre otros, a tres bomberos de PROEMAID que realizaban labores de rescate en el Egeo acusados de tráfico ilegal de personas, si bien finalmente fueron absueltos.

En el Mediterráneo central, en Italia, una operación pública destinada al salvamento fue sustituida por otra netamente militarizada y orientada a labores de control y vigilancia. Además, dos entidades han sido acusadas de inmigración clandestina y retenidas, las embarcaciones Iuventa, de la ONG alemana Jugend Rettet, y la del Proactiva Open Arms. Se las retuvo en Trapani y Pozzalo, dos de los puertos con mayor número de desembarcos de Sicilia. A principios de 2019 ha sido retenida la embarcación Sea Watch, la última embarcación de rescate que seguía activa en el Mediterráneo.

Este hostigamiento a los barcos de salvamento vino precedido por el establecimiento por parte del Gobierno italiano de un código de conducta a las ONGs que ya venía a establecer limitaciones a sus labores de rescate, como la prohibición de acceder a aguas territoriales de Libia, hacerse detectar por radares o emitir señales lumínicas, no trasladar a los rescatados a otras embarcaciones o tener que permitir el acceso de personal uniformado a sus embarcaciones.

Pero la ofensiva contra estas embarcaciones ha llegado más lejos con el hostigamiento de los barcos por los guardacostas libios. En alguno de estos incidentes llegaron incluso a reportarse disparos. Esto llevó a entidades como Médicos sin Fronteras a abandonar su actuación de rescate en esta zona por no darse condiciones suficientes de seguridad.

Tras esto llegó el cierre de puertos del Ministro neofascista Salvini, que le ha valido para que un juez haya pedido su procesamiento por la detención ilegal de un grupo de migrantes que dejó fondeados durante días sin base legal alguna, y que a pesar del movimiento de algunos alcaldes de declarar puertos abiertos ha terminado convirtiendo en insostenible las labores de rescate realizadas desde entidades sociales en el Mediterráneo central.

En el Estado español la realidad del salvamento marítimo es diferente, ya que contamos un servicio público y civil con un elevado grado de eficacia y compromiso. Aun así en los últimos tiempos se están adoptando medidas que pretenden cambiar su funcionamiento. La creación de un mando único en el estrecho, asignado a un Guardia Civil, apunta a que puede ser el principio de la militarización de este servicio, o al menos que no solo se destine a la finalidad de salvar vidas, sino también a llevar a cabo medidas de control migratorio, como la posibilidad de entregas en mar a la marina marroquí e incluso el desembarco en Marruecos de las personas rescatadas. En definitivas, se abre un más que previsible proceso de militarización en el estrecho.

De otro lado, nos encontramos con la embarcación de Open Arms y el Aita Mari de Salvamento Marítimo Internacional sin autorización para salir de puerto por parte del Ministerio de Fomento. Es sorprendente ver como el Gobierno, de permitir a bombo y platillo el desembarco del buque Aquarius en Valencia, anunciando que iba a promover una política migratoria más humanitaria, ha claudicado ante las exigencias de Europa, impidiendo que estos barcos puedan volver a operar en el Mediterráneo.

 

La persecución de quienes defienden

Pero sin duda el caso más paradigmático de persecución «del rescate» en nuestra frontera sur es el de la investigadora y activista de derechos humanos Helena Maleno quien, según ha reconocido el propio Gobierno, da los avisos de al menos el 70% de las embarcaciones en riesgo en el estrecho y el Mar de Alborán, que la avisan cuando se encuentran en peligro mediante un sistema de alarma de llamada a un teléfono móvil, tras lo que ella alerta a Salvamento Marítimo.

Helena fue investigada en España, si bien la Audiencia Nacional archivó la causa por no apreciar indicios de delito. Actualmente, sin embargo, se encuentra procesada desde finales de 2017 en Marruecos por un Tribunal de Tánger, en un procedimiento que contiene precisamente el informe elaborado por la Policía Nacional basado en sus avisos a Salvamento Marítimo. Se trata del mismo que fue desestimado por los tribunales españoles. Maleno no ha cesado en su labor tan elemental y tan humana, pero con un elevado coste personal.

Hay otros casos en el Estado español de activistas procesados por haber tratado a personas refugiadas a salir de Grecia, evitándoles la peligrosa ruta de los Balcanes. Personas solidarias que, bien por decisión personal o colectiva, trataron de acompañar a las migrantes en su desobediencia frente a unas políticas migratorias tan injustas y que crean tanta desesperanza como sufrimiento.

Mikel Zuluaga y Begoña Huarte se encuentran en libertad bajo fianza acusados por Grecia de facilitar la inmigración ilegal cuando fueron detenidos por la policía griega tratando de ayudar a llegar a Italia a ocho refugiados desde ese país, donde se encuentran confinados desde la entrada en vigor del acuerdo UE-Turquía el 18 de marzo de 2016. Se trataba de una acción de «desobediencia civil» reconocida públicamente contra las políticas europeas con las personas refugiadas.

Lola Gutiérrez, activista y delegada sindical de CGT, fue detenida y ha sido condenada en Grecia a 17 meses de prisión por tratar de ayudar a un joven refugiado kurdo a reunirse con su familia haciéndolo pasar por su hijo. Su ingreso en prisión ha sido suspendido al carecer Lola de antecedentes penales.

En Francia es conocido el caso de Cédric Herrou, un joven agricultor del Breil-sur-Roya, frontera con Italia, procesado por alojar en un camping en su casa a personas migrantes hasta que seguían su ruta y a las que, en algunos casos, había ayudado a atravesar la frontera franco italiana desde Ventimiglia. Fue detenido en la estación de Cannes cuando acompañaba en tren a 156 sudaneses a Marsella, donde pretendían formalizar su demanda de asilo. El Consejo Constitucional de Francia le amparó en base al principio de fraternidad, al entender que ayudaba a las personas migrantes de manera desinteresada. No obstante, Herrou ha continuado ayudando y acogiendo a migrantes en esa frontera, por lo que ha estado hasta hace pocos meses bajo vigilancia judicial y mantiene otros procesos abiertos.

En Italia, encontramos el caso del sacerdote Mussie Zerai, a cuyo teléfono llamaban los y las migrantes cuando se encontraban en situación de peligro en el Mediterráneo central, y que fue procesado por la fiscalía de Trapani (Sicilia). Otro caso es el de los seis pescadores tunecinos encarcelados por intentar dirigirse a Lampedusa tras rescatar un bote con catorce personas, cuatro de ellas menores. Pescadores de Zarzis, conocidos en Túnez por haber salvado la vida de miles de personas en el Mediterráneo. De héroes en Túnez a presos en Italia.

En los últimos tiempos ha sido sonado el procesamiento del alcalde de Riace, Mimmo Lucano. Riace es un pequeño pueblo de Calabria que se convirtió en bandera de acogida, como su propio alcalde señalaba «por casualidad». En 1998, doscientos kurdos llegaron en una barcaza a la pequeña franja de costa de este municipio. Este pueblo se había ido despoblando hasta que en el siglo XX abrió sus puertas a estos refugiados. El cineasta Win Wenders en Il Volo reflejó aquel encuentro.

Los habitantes tomaron conciencia de la cruda realidad de aquellas personas que se ven obligadas a abandonar su tierra, sus familias, sus expectativas hacia un destino desconocido y se comprometieron con ellas. Comenzaron a rehabilitar las casas abandonadas en mejor estado del pueblo para ofrecerlas a nuevas personas refugiadas. Emitieron unos bonos con el que estas personas podían comprar en las tiendas del pueblo. Esto, en unos años, sirvió para evitar el fantasma de la despoblación. Riace, se convirtió en reflejo de otra Europa, una Europa solidaria y acogedora.

El Ministro Salvini, senador electo también por Calabria, fijó sus ataques contra el proyecto de acogida y, en especial, contra su alcalde, Lucano, lo que conllevó en un primer momento que se retirasen los fondos al síndico, intentando asfixiar el proyecto. Riace se convirtió en un peligro, un enemigo, en el incendiario discurso del neofascista.

Su alcalde decidió comenzar una huelga de hambre por la situación de castigo al que se había sometido al municipio, lo que levantó una ola de solidaridad. Alcaldes como los de Nápoles o Palermo acudieron en su apoyo. También la Alcaldesa de Barcelona. En octubre de 2018 Lucano era detenido y primeramente sometido a arresto domiciliario para posteriormente ser desterrado del municipio de forma cautelar acusado de promover la inmigración clandestina.

Europa: una moral en crisis

En Los orígenes del totalitarismo, Hannah Arendt relacionaba el avance de los totalitarismos con el trato dado a los refugiados y minorías surgidos del orden resultante de la Primera Guerra Mundial, un escenario de completa y terrible actualidad.

El salvamento en el Mediterráneo y la garantía de unas condiciones básicas en el tránsito migratorio debería ser un deber moral de Europa. Independientemente de las políticas migratorias. Cualquier política migratoria que no enfrente las causas que determinan los flujos migratorios están condenada al fracaso, generará aún más sufrimiento y seguirá sembrando la semilla del odio. La solidaridad de los que se dedican al salvamento, Helena, Mikel, Bego, Lola, Cédric, Mussie, Chamseddine y Mimmo nos enseña la dignidad que colectivamente estamos perdiendo.

 

Nino Trillo Figueroa

Abogado y miembro de Caravana Abriendo Fronteras.

 

Nota: Este artículo forma parte del Dossier sobre La Represión de la Revista Libre Pensamiento nº 97.

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