Las Administraciones Públicas apostaron y apuestan por lo que eufemísticamente denominan “la gestión indirecta para la prestación de los servicios básicos”, es decir, por la privatización y mercantilización de los mismos. El argumento “técnico” y político en el que se han basado todas las privatizaciones es la “eficiencia”.
Desde el punto de vista sindical y social, el argumento es nítido: los Servicios Públicos son patrimonio de todos y todas, y no pueden regirse por la lógica del beneficio o la rentabilidad económica, sino por el principio de suficiencia y, a la vez, por el principio de eficiencia desde el lado de la gestión, la cual debería ser Autogestión por parte de las personas (usuarias y trabajadoras), con capacidad para incidir en las decisiones acerca de las necesidades que tenemos, al igual que sobre el mejor modelo de servicio público, con criterios éticos, medioambientales y ecológicos.
