El dinero de nuestros impuestos para beneficio de algunas empresas

La gestión de los servicios públicos no puede seguir estando en manos de empresas privadas, hoy muchas de estas empresas son multinacionales que sólo buscan la rentabilidad económica.

En la mayoría de las ocasiones estos beneficios ya se les garantiza en el precio de adjudicación de los contratos, encareciendo los costes reales de la prestación de estos servicios si lo realizara la propia Administración Pública. 

El propio Tribunal de Cuentas español, en su informe de fiscalización del sector público local de 2011 a los municipios de menos de 20.000 habitantes (el 95% del total), concluye que la gestión pública directa, esto es prestada por la Administración Pública, de los servicios básicos como el agua, la recogida de basura y la limpieza viaria, cuesta mucho menos que su externalización(privatización).

A modo de ejemplo y para ilustrar al lector, sirva el siguiente supuesto en el que un gobierno, Local, Autonómico o Estatal, saca a concurso público la adjudicación por contrato de gestión y explotación en régimen de concesión administrativa, un servicio público ‘X’, por un precio de licitación y adjudicación que, además de los gastos generales del personal que debe contratar para su funcionamiento, esto es nóminas y seguridad social a cargo del empleador; debe añadirle, obviamente, el importe del Impuesto del Valor Añadido (IVA, el 21%), y además, garantizándole los beneficios empresariales.

Estamos hablando, de un sobrecoste, que rara vez bajará del 50%.

Así, tal como informa el Tribunal de Cuentas, el servicio de limpieza viaria de los pueblos y ciudades españolas tiene un coste de 18,01 euros por habitante, 16,23 euros si lo gestiona directamente el municipio y 27,83 euros (un 71% más) si el servicio lo presta una empresa privada a través de una concesión o concierto con la administración.

La CGT de la región de Murcia, exige al Gobierno Regional que se realicen Auditoríasa todas las contratas que desarrollan la prestación de servicios públicos. Que los resultados de estas se conozcan y hagan públicos, en un ejercicio más, de transparencia de la gestión del dinero público que se recauda a los ciudadanos. Como gestores de lo público, deben informar de su gestión.

En esta dirección, la CGT de la Región Murciana presentó la pasada semana sendos escritos en diferentes consejerías solicitando a las mismas la recuperación de los servicios públicos.

Uno de los escritos fue presentado en la Dirección General  de Energía y Actividad Industrial y Minera, instando a la administración Regional a recuperar la prestación directa de los servicios públicos externalizados, durante 20 años, de las estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV), en todo el territorio de la Región de Murcia.

El otro escrito se presentó en la Consejería de Hacienda y Administración Pública, de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, solicitando igualmente a la Administración Regional, a no renovar, a su vencimiento, los contratos de gestión y explotación en régimen de concesión administrativa de servicios públicos, tanto para el funcionamiento interno de la propia administración (informática, centralita telefónica, vigilancia, limpieza de los edificios de la Administración, mantenimiento de estos, etc…), así como los de prestación a la ciudadanía (Sanidad, Educación, residencias de mayores, escuelas infantiles, comedores escolares, etc…).

Asimismo, a no convocar nuevos procesos de contratación externa para la prestación de los servicios públicos mencionados, de forma que la gestión se preste de forma directa por los órganos competentes de cada Consejería, atendiendo a los sobrecostes que lleva el proceso de privatizar la prestación de los servicios públicos y ante la situación económica de la Administración Regional, que se hace insostenible. Cuando este derroche que se está produciendo, debería servir para sanear las cuentas públicas tan mal gestionadas y prestar los servicios públicos por la propia Administración. Para eso se les eligió, para dirigir la gestión pública, no para contratar el trabajo a empresas privadas.

Desde la CGT de Murcia entendemos que los servicios públicos deben ser gestionados también desde lo público y que no pueden ser un instrumento para beneficiar a los ‘amiguetes’, encareciendo la prestación de estos servicios con cargo a los impuestos de todos.

 

Sección Sindical de CGT en la Consejería de Industria de la CARM

 

 

 
 

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