La clase empresarial es en sí misma un factor de riesgo laboral, Telepizza, un claro ejemplo

CGT-Región Murciana advierte en un comunicado que la actitud empresarial en el contexto actual de pandemia, está provocando que las personas trabajadoras se encuentren desprotegidas ante los riesgos de contagio por COVID-19.

El pasado 12 de abril, desde CGT Región Murciana, sacamos el comunicado “El gobierno prioriza los beneficios empresariales a costa de nuestra salud”. El objetivo del mismo era rechazar la medida del gobierno de reanudar las actividades laborales no esenciales para la vida.

Los motivos eran y son obvios: si no es posible proteger a las personas trabajadoras del riesgo de contraer el Coronavirus, lo más sensato es no reanudar las actividades no esenciales. Resulta muy significativa la denuncia pública que están realizando algunas personas, a las que, por una parte, se les ha impedido acudir al funeral de un familiar fallecido por Coronavirus para evitar contagios, y por otra, se les obliga a ir a trabajar sin asegurar las medidas de protección necesarias que eviten el contagio de dicha enfermedad.

Pero además de la imposibilidad de proteger a las personas trabajadoras de los riesgos por la manifiesta carencia de Equipos de Protección Individual (EPIs) y de protocolos de prevención, no se tienen en cuenta las prácticas y dinámicas de funcionamiento de la gran mayoría de la clase empresarial.

El caso reciente de Telepizza es bastante ilustrativo. Casi una decena de personas trabajadoras del Telepizza situado en la avenida Miguel Servet de Zaragoza, han sido sancionadas con 20 días de suspensión de empleo y sueldo por negarse a trabajar sin EPIs, ni protocolos efectivos de protección contra el COVID-19. Las declaraciones de las propias trabajadoras resultan evidentes «no había guantes ni mascarillas, existía un riesgo alto de contagio y decidimos parar».

Asistimos, por tanto, no ya a un incumplimiento empresarial en la toma de medidas de protección, que también, sino al impedimento de las mismas, mediante la sanción (suspensión de empleo y sueldo) a las personas que han decido reivindicar y exigir dichas medidas de protección. Se obliga a las personas a elegir entre el salario que necesitan para vivir y las medidas de protección que les salvan la vida. La disyuntiva es falsa y perversa, ya que ambas opciones te llevan al mismo sitio: si no trabajas no cobras y no puedes vivir y si trabajas puedes contagiarte del coronavirus y morir.

Cuando esta presión empresarial, tan fuerte y descarnada, la situamos en el contexto actual de una pandemia con más de 20.000 personas muertas por el coronavirus, no es ni exagerado, ni demagógico afirmar que estos empresarios constituyen un factor de riesgo laboral en sí mismos.

Teniendo en cuenta lo anterior no resulta descabellada una de las reivindicaciones que hacen las compañeras y compañeros de la sección sindical de CGT en Telepizza: “exigimos al Gobierno que todas las grandes empresas de la hostelería -como Telepizza, Vips o Burguer King, Aramark...- sean intervenidas, tal y como permite el decreto de Estado de Alarma, sin compensación y para ser puestas bajo control de la plantilla, para garantizar que contamos con todas las medidas de protección necesarias, y podamos reconvertir nuestras cocinas e infraestructura para distribuir comida saludable a estos colectivos y se deje de estafar a los clientes con la especulación de los precios.” Porque la Ley de Prevención de Riesgos Laborales tiene como premisa la eliminación del riesgo y este riesgo sólo se puede eliminar así.

CGT Región Murciana

 


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